El delito de cohecho es el núcleo de la corrupción pública: la utilización de la función pública como moneda de cambio. En España se regula en los arts. 419 a 427 bis del Código Penal.
El impacto es doble: responsabilidad penal individual y riesgo reputacional e institucional elevado. No es un problema de imagen; es un problema de continuidad.
¿Qué es el delito de cohecho?
Existe cohecho cuando:
- Una autoridad o funcionario solicita, acepta o recibe una dádiva, favor o ventaja de cualquier naturaleza.
- Un particular ofrece o entrega esa ventaja.
- A cambio de:
- realizar un acto contrario a sus deberes,
- realizar un acto propio del cargo,
- retrasar u omitir un acto debido,
- o simplemente por su condición de cargo público, aunque no se vincule a un acto concreto.
Es irrelevante que el pago se disfrace de regalo, patrocinio, invitación o “detalle comercial”. Lo relevante es la conexión con la función pública.
Sujetos responsables
La responsabilidad por delitos de cohecho alcanza a:
- Autoridades y funcionarios públicos (art. 24 CP).
- Quienes participan en funciones públicas: árbitros, jurados, peritos, administradores concursales, mediadores, etc.
- Funcionarios y cargos de la UE, de otros Estados u organizaciones internacionales públicas.
- Particulares que ofrecen, prometen o entregan la dádiva.
- Personas jurídicas, cuando el cohecho se comete en su beneficio (art. 31 bis y 427 bis CP).
Mapa de riesgo: Administración, contratistas, licitadores, directivos, mandos intermedios y estructuras societarias.
Tipos de delitos de cohecho
Cohecho pasivo propio (art. 419 CP)
El funcionario recibe o acepta una ventaja para:
- realizar un acto injusto o contrario a sus deberes, o
- no realizarlo o retrasarlo.
Pena orientativa: prisión de 3 a 6 años, multa e inhabilitación especial prolongada.
Cohecho pasivo por acto del cargo (art. 420 CP)
Se cobra por hacer un acto legal, propio del cargo, que debe realizarse sin contraprestación.
Pena: prisión de 2 a 4 años, multa e inhabilitación.
Cohecho como recompensa (art. 421 CP)
La dádiva se entrega después, como gratificación por una actuación irregular previa.
Se sanciona en línea con la conducta premiada.
Cohecho pasivo impropio (art. 422 CP)
Aceptación de regalos o ventajas “en consideración al cargo”, aunque no se vinculen a una concreta resolución.
Penas más moderadas, pero sigue siendo delito. Es el terreno donde el “detalle de cortesía” deja de ser inocuo.
Cohecho activo (art. 424 CP)
Responsabilidad del particular o empresa que ofrece, promete o entrega la ventaja.
Las penas se aproximan a las del funcionario, con especial impacto en contratación pública y acceso a ayudas.
Exención por denuncia (art. 426 CP)
El particular que accede de forma puntual a la exigencia del funcionario y denuncia en plazo y antes del procedimiento, puede quedar exento de pena.
Mensaje práctico: quien colabora de forma temprana puede mitigar el impacto penal.
Funcionarios extranjeros y UE. Personas jurídicas
El CP extiende el cohecho a:
- funcionarios de otros Estados y de la UE (art. 427),
- y prevé responsabilidad de personas jurídicas con multas, prohibiciones de contratar, cierre de locales e intervención judicial (art. 427 bis).
Penas y consecuencias
En función del tipo:
- Prisión: entre 6 meses y 6 años (o superior con concursos de delitos).
- Multas: proporcionales a la entidad de la ventaja o beneficio.
- Inhabilitación:
- para empleo o cargo público,
- para el ejercicio de funciones públicas o contratación con la Administración,
- para obtener subvenciones y beneficios públicos.
- Personas jurídicas:
- multas de elevada cuantía,
- prohibición de contratar con el sector público,
- suspensión de actividades,
- clausura de locales,
- posible intervención judicial.
El impacto real: ruptura de confianza institucional, bloqueo de negocio y exposición mediática sostenida.
Diferencias con otras figuras
Para delimitar correctamente el riesgo:
- Tráfico de influencias: se paga o explota una posición de poder para influir sobre otro funcionario; no implica necesariamente la venta directa de la propia función.
- Corrupción en los negocios: corrupción en el ámbito privado.
- Malversación, fraude, prevaricación: pueden concurrir con el cohecho, pero tutelan bienes jurídicos específicos (caudales públicos, resolución injusta, etc.).
Una calificación errónea en fase inicial condiciona toda la estrategia de defensa.
Gestión del riesgo y defensa jurídica
Para cargos públicos, directivos y empresas con exposición a contratación pública, subvenciones o autorizaciones administrativas, los delitos de cohecho exigen:
- Mapeo de riesgos en relaciones con la Administración.
- Protocolos internos y formación sobre regalos, invitaciones, patrocinios y hospitalidad corporativa.
- Programas de compliance penal eficaces, como elemento clave para atenuar o excluir la responsabilidad de la persona jurídica.
- Reacción inmediata ante:
- investigaciones internas,
- diligencias de Fiscalía o Guardia Civil,
- citaciones judiciales o filtraciones mediáticas.
Un despacho especializado en delitos de cohecho y corrupción pública aporta:
- análisis técnico del tipo aplicable,
- diseño de estrategia defensiva desde la primera diligencia,
- negociación de atenuantes y colaboración,
- alineamiento entre defensa penal, reputación y continuidad del negocio.
Asesoramiento inmediato
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