Sentencia de 25 de noviembre de 2022 – Sala de lo Civil – Recurso de casación nº 1656/2022
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre una cuestión clave en los procesos de familia: la atribución del uso de la vivienda familiar cuando se establece un régimen de custodia compartida.
En esta sentencia (nº 1656/2022), el Alto Tribunal reitera que el uso del domicilio no puede concederse de forma indefinida y que debe fijarse un límite temporal, especialmente cuando el inmueble pertenece en exclusiva a uno de los progenitores.
¿Qué se resolvía en este caso?
El padre, titular de la vivienda, solicitó que se fijara un plazo máximo de dos años para que la madre, con quien compartía la custodia de los hijos, continuara usando el domicilio familiar.
El Tribunal le dio la razón, considerando que una atribución indefinida vulneraría la jurisprudencia vigente, y estableció ese plazo de dos años como tiempo razonable para facilitar una transición ordenada a otra vivienda.
¿Por qué es importante esta sentencia?
El fallo pone el foco en evitar cargas desproporcionadas para el progenitor propietario del inmueble, y subraya la importancia de valorar las circunstancias económicas y personales de ambos padres.
Además, aclara que la custodia compartida no excluye la posibilidad de fijar una pensión de alimentos, en los casos en que exista una desigualdad económica significativa entre los progenitores.
Aspectos clave de la sentencia:
✅ Se reafirma la doctrina del Supremo sobre el uso temporal de la vivienda familiar en custodia compartida.
✅ Se fija un plazo máximo de dos años para el uso del domicilio, contado desde la sentencia.
✅ Se recuerda que puede establecerse una pensión de alimentos, incluso con custodia compartida, si hay desequilibrio económico.
✅ Se deja abierta la posibilidad de modificar las medidas si la situación lo requiere una vez vencido el plazo.
Conclusión
Esta sentencia refuerza el criterio del Tribunal Supremo: la custodia compartida no implica que uno de los progenitores deba ceder indefinidamente el uso de su propiedad. Establecer un límite temporal al uso de la vivienda permite proteger los derechos del titular, garantizar una transición ordenada y mantener un equilibrio justo entre ambas partes.
